La población condenada a penas privativas de libertad se ha duplicado en Chile durante la última década, alcanzando el año 2008 una tasa de 302 reclusos cada 100 mil habitantes y ubicando a nuestro país en el lugar número 35 del ranking mundial elaborado por la Universidad de Londres.
Desde sus inicios, Fundación Paz Ciudadana ha estado interesada en estudiar y profundizar en los distintos aspectos relacionados con las penas privativas de libertad. En el año 1996, Fundación Paz Ciudadana y Adimark realizaron la primera encuesta nacional a condenados por los delitos de robo y hurto, que permitió obtener un completo perfil del recluso con antecedentes relacionados con su infancia, familia, vínculos sociales, educación y trabajo.

Continuando con esta línea de trabajo, Fundación Paz Ciudadana realizó en 1999 una investigación encargada por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) denominada “Inversión en cárceles: rentabilidad social y coherencia con los objetivos del BID”. La investigación tuvo por objetivo diseñar una herramienta de análisis que permitiera al BID resolver de manera fundada las peticiones que recibía para el financiamiento de construcción de cárceles y estudiar si dicha actividad era acorde a las líneas de acción que habían regido el actuar del banco.

En el año 2000, Paz Ciudadana realizó un exhaustivo análisis de la legislación que regula el trabajo en las cárceles chilenas y elaboró una "Propuesta para la Creación de un Marco de Trabajo dentro de las Cárceles", el cual incluye una descripción y evaluación del actual sistema laboral para reclusos y plantea, entre otros aspectos, la necesidad de establecer un marco legal claro y mejorar la coordinación de este tipo de iniciativas con las normas internas de Gendarmería.

Durante el año 2008, la Fundación se adjudicó una licitación pública a la cual llamó el Ministerio de Justicia para la realización de un estudio denominado “Estudio de estimación de la población penitenciaria para el período 2008-2012”. Éste es una herramienta fundamental que permitirá conocer cuánto se estima que crecerá la población penitenciaria en Chile, y de esta forma promover programas necesarios para el desarrollo de políticas públicas más eficientes.