La delincuencia es una de las principales preocupaciones de la sociedad chilena y en su prevención y control se han destinado importantes esfuerzos y recursos. Cuando quien comete un delito es un menor de edad, esta preocupación aumenta. La participación de jóvenes en delincuencia, especialmente en los delitos contra la propiedad, ha aumentado de forma importante en los últimos años. Esto ha llevado a que se debata públicamente respecto del sistema de justicia que se aplica a estos jóvenes y cuáles son las mejores prácticas para intervenir tempranamente, con el fin de reinsertar a esos jóvenes.

Hasta junio de 2007, los jóvenes menores de 16 años no eran responsables penalmente por los delitos que cometían. La inexistencia de un sistema de justicia que juzgara y eventualmente condenara a los jóvenes que cometían delito generaba una permanente sensación de impunidad en la sociedad. Esta situación llevó a un consenso transversal entre los expertos sobre la necesidad de contar con un sistema especializado, que respondiera de forma eficaz a la demanda de responsabilización y reinserción de estos jóvenes. Hoy, aunque no existen los tribunales exclusivos -el sistema de justicia juvenil funciona dentro de la Reforma Procesal Penal-, la ley sí exige la especialización de jueces, fiscales y defensores.

La ejecución de la penas y la implementación de los programas son de responsabilidad del Servicio Nacional de Menores (Sename) a través de centros cerrados, semicerrados y programas a los que son derivados los jóvenes para cumplir su condena en libertad.
 
Fundación Paz Ciudadana trabajó activamente durante la tramitación legislativa y el proceso de implementación de este nuevo sistema y ha mantenido un constante seguimiento de esta política pública. Fue convocada a participar en la Comisión de Expertos creada por el Congreso Nacional, para monitorear el proceso de implementación de la ley, cuando fue postergada su puesta en marcha debido a los problemas que presentaban los centros y la insuficiencia de programas. Hoy participa activamente en la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros de la Región Metropolitana que coordina el Ministerio de Justicia, cuya función es inspeccionar los centros cerrados y semicerrados y evaluar sus dificultades y progresos.

Actualmente, el sistema enfrenta importantes desafíos para mejorar la respuesta judicial y de intervención que se entrega a los menores. La justicia juvenil constituye para Fundación Paz Ciudadana una de sus áreas prioritarias de trabajo, centrada en el desarrollo e investigación permanente de los mejores modelos de intervención con jóvenes infractores y las respuestas que este sistema penal puede entregar, para lograr que un joven que ha cometido delito a temprana edad, no vuelva hacerlo.