Existe evidencia internacional que confirma la idea de que los programas de rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad, debidamente diseñados e implementados,  logran reducir la reincidencia delictual. Pero Chile ha estado lejos de una real política de rehabilitación, si consideramos que Gendarmería destina sólo 2,4% de su presupuesto para estos fines. Cada año egresan cerca de 17.000 personas de las cárceles, para las cuales existen 350 cupos en programas de reinserción.

En este contexto surge, en el año 2003, un convenio de colaboración entre Fundación Paz Ciudadana y la Fundación Minera escondida para elaborar un estudio denominado “Políticas y programas de rehabilitación y reinserción de reclusos: experiencia comparada y propuestas para Chile”. Este estudio, publicado el año 2004, sistematiza la información existente en materia de programas de rehabilitación y reinserción de reclusos, tanto a nivel nacional como internacional,  y  adicionalmente, contribuye a diseñar y validar un marco de trabajo que permite favorecer la rehabilitación y reinserción de reclusos.

Siguiendo con esta línea trabajo, el año 2005 la Fundación publicó “Nuevos desafíos penitenciarios: inserción laboral de los reclusos”. Su objetivo fue entregar elementos de análisis y guías de políticas a las autoridades públicas involucradas en el diseño, desarrollo e implementación de programas que propendan a la inserción laboral de los reclusos mediante la comprobación de los mayores beneficios asociados.

Para Fundación Paz Ciudadana, la rehabilitación y la reinserción, tanto de quienes han cumplido condenas privativas como de quienes han recibido penas no privativas de libertad, es una de las áreas prioritarias para disminuir la reincidencia y la delincuencia en el país. Es preocupante que, siendo Chile el segundo país sudamericano (después de Surinam) con mayor número de reclusos por cantidad de habitantes, no cuente con estrategias efectivas para evitar que la población que sale del sistema reingrese al poco tiempo.