Opinión


A 7 años del incendio de la cárcel de San Miguel


Lea la columna de Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana y Ana María Morales, directora del área de Justicia y Reinserción.

Hoy se cumplen 7 años del incendio de la cárcel de San Miguel, el evento más trágico en la historia penitenciaria de Chile, donde perdieron su vida 81 reclusos. El hecho remeció las conciencias e hizo cuestionarse sobre las personas que día a día eran enviadas tras las rejas, muchos de ellos condenados por delitos muy menores, y mostró las importantes carencias de un sistema carcelario con alto hacinamiento y paupérrimas condiciones de habitabilidad en varios de los recintos de reclusión.

Trascurrido todo este tiempo, podemos identificar un interesante cambio de tendencia en las estadísticas. En efecto en el año 2010, cuando ocurrió el incendio, se registraba la mayor población recluida de nuestra historia, con 54.872 personas, y ésta continuaba creciendo. Desde ese año, el número de encarcelados descendió paulatinamente, hasta alcanzar en la actualidad a 42.097, un 23 % menor. Esta disminución, aunque probablemente tenga relación también con la “estabilización” de la Reforma Procesal Penal, sin duda se debe a iniciativas legales implementadas, que han permitido racionalizar el uso de la cárcel, como son la ley de indulto conmutativo, la reforma a la libertad condicional y la entrada en vigencia de las penas sustitutivas.

Sin embargo, dichas iniciativas no bastan, Paz Ciudadana ha hecho presente en reiterados foros y ante el Congreso Nacional, la necesidad de introducir reformas estructurales al sistema que permitan propiciar una reinserción efectiva de los reclusos que se encuentran cumpliendo sus condenas. Estos cambios deben abarcar temáticas como la infraestructura carcelaria, su nivel de hacinamiento, el rol del gendarme, pero fundamentalmente proveer a los internos de programas de reinserción de calidad, orientados a atacar los factores de riesgo que los llevaron a delinquir y a fortalecer los factores protectores que eviten que vuelvan a hacerlo.

No desconocemos los avances que se han realizado en la materia, como la implementación del programa de Reinserción Social de Gendarmería de Chile en convenio con el Ministerio del Interior, cuya implementación e impacto urge que sea evaluado, para efectuar las mejoras necesarias a más de 10 años de su instalación y pueda expandirse abarcando a un porcentaje mayor de la población privada de libertad, ya que hoy sólo alcanza a 5 de cada 100 reclusos.

En otro ámbito, es fundamental regular la figura de los jueces de ejecución penal, de manera que puedan ejercer un control externo de la actividad penitenciaria y de la toma de decisiones claves durante la condena, como es el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios o la imposición de ciertas medidas disciplinarias, otorgando mayor transparencia y control sobre la actividad durante la reclusión.

Estamos ad portas del inicio de un nuevo periodo presidencial y celebramos la convergencia de ambas candidaturas en varias de las propuestas mencionadas. Por eso, el llamado es a que exista un compromiso férreo de las próximas autoridades de avanzar en dicha senda, a través del diseño de una agenda de largo plazo, y que no se dejen tentar por agendas cortas que, junto con no atacar el problema de raíz, desvían la atención de aquellos cambios estructurales, que si bien atañen al mundo infractor, tendrán un impacto importante en la ciudadanía, y retornos seguros en materia de victimización.