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Candidaturas reciben propuestas para el tratamiento de niños y jóvenes inimputables penalmente


Un grupo de propuestas, divididas en tres áreas prioritarias, destinadas a mejorar la atención y tratamiento de niños menores de 14 años inimputables penalmente para ser implementadas en el próximo Gobierno, presentaron esta mañana las fundaciones Paz Ciudadana y San Carlos de Maipo a representantes de todas las candidaturas presidenciales.

En la reunión —en la que participaron el ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado (Guillier); el abogado penalista, Juan Pablo Hermosilla (Goic),  Carlos Charme (Piñera); Fabián del Solar (Sánchez); además de la jueza de Familia, Gloria Negroni; Luis Vial de la Subsecretaría de Prevención del Delito; y Magdalena Letelier del Centro de Políticas Públicas de la PUC — se expusieron las principales conclusiones del Estudio “Intervenciones destinadas a la prevención de conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes”, con el cual se intentó conocer cuál es la oferta existente para este grupo infractor, el tratamiento que se le brinda, su regulación legal y propuestas en el área.

Nudos críticos

Según el estudio, factores de riesgo como por ejemplo, la deserción escolar, la asociación con pares criminógenos, maltrato infantil y violencia familiar, entre otros, permiten que en Chile los niños infractores inicien su involucramiento delictual con mayor frecuencia entre los 8 y 14 años, alargando con ello una carrera criminal hasta los 29 años si es que estos no son intervenidos especializadamente antes.

“El sistema no tiene una oferta que se haga cargo de estos niños para evitar tempranamente que vuelvan a delinquir. Que una persona a tan corta edad delinca se basa en factores sociales, familiares e individuales, como por ejemplo, la deserción escolar, el consumo de drogas y alcohol o violencia intrafamiliar. Tenemos que ser capaces en Chile de implementar un sistema que pueda diagnosticar correctamente cuáles son los problemas que tienen y entregarles una oferta de programas adecuados”, señaló el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

Como en Chile, la responsabilidad penal es exigible desde los 14 años, el control de jóvenes y niños es tratado difusamente por la legislación (Ley de Menores, Ley de Tribunales de Familia, Ley de Subvenciones del Sename, entre otros cuerpos legales) lo que hace que quienes realicen conductas delictivas sean puestos  disposición de los Tribunales de Familia, pero con causas orientadas a la protección de sus derechos.

También, se detectaron déficits de especialización en la oferta programática que ofrecen tanto el Sename, como la Subsecretaría de Prevención del Delito, Senda, Carabineros y los propios jueces, entre los que se cuentan como nudos críticos el desconocimiento institucional de la oferta existente, la fragmentación de la misma, la falta de un perfil, de intervención definido, la dificultad para realizar intervenciones en contextos residenciales y la tendencia a promover la institucionalización de los niños inimputables (VER RECUADRO CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS)

LAS PROPUESTAS

Las propuestas, que fueron trabajadas desde junio con la participación de expertos nacionales, además de representantes de instituciones públicas  y centros de estudios vinculados  a los temas de infancia e infracción de la ley, consideran cambios en 3 áreas a implementar en una nueva administración presidencial: las normativas; mejoras en la detección, gestión y derivación de casos; y mejoras en los mecanismos de intervención.

Cambios normativos: nuevo protocolo de atención

Bajo el supuesto que no es necesario ni deseable disminuir la edad legal de imputabilidad (hoy entre los 14 y 18 años), las fundaciones proponen generar normas jurídicas preventivas, que obliguen por ejemplo, a tratamientos  por consumo problemático de alcohol y/o drogas; que las intervenciones sean de carácter especializado para cada niño; que éstas sean gestionadas en principio por la vía administrativa y sólo cuando se presenten conflictos, sean gestionados previo conocimiento de los juzgados de Familia.

Para llevar a cabo lo anterior se vislumbra necesario generar un protocolo de atención, en el contexto del Programa 24 horas, para brindar atención aquellos casos que lo requieran e ingresen de manera voluntaria, sin necesidad de tomar contacto con los tribunales de Familia.

En los casos que no se cuente con esa voluntariedad, se proponen modificar entre otros la  Ley N° 19.968 y hacer indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección  Especializado de niños y niñas, actualmente en el Congreso Nacional, para establecer como materias de competencia de los Tribunales de Familia (mediante un procedimiento especial), Sename y el futuro Servicio, los hechos punibles realizados por menores infractores de 14 años.

Para garantizar que se realicen intervenciones tempranas en esta población con el objeto de evitar su involucramiento en carreras delictivas, se propone una modificación al actual art. 10 del proyecto de ley que establece el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, mediante una obligación de Estado en este sentido.

Mejor detección, gestión y derivación de casos

Dado que es actualmente el Programa 24 horas el que permite levantar el mayor número de hechos flagrantes, se propone su mantención, pero instalando mayores competencias y capacidades en los efectivos policiales que intervienen en su confección, ya sea para manejar de mejor forma las situaciones donde interactúan con los jóvenes infractores  o para perfeccionar el protocolo de ingreso de datos al sistema AUPOL.

Para evitar que el listado de este programa opere de manera aislada y pueda integrarse a las bases de organismos como Sename, los Juzgados de Familia, o la Subsecretaría de Prevención del Delito, se propone que éste sea coordinado  por el Ministerio de Desarrollo Social, por cuánto es el órgano que estará a cargo del sistema de protección de la infancia.

Mejoras en los mecanismos de intervención de casos

La intervención de casos —explicaron los expertos— debe ser siempre con un enfoque preventivo, el que se propone sea abordada desde varios niveles.

En el ámbito de la prevención primaria se propone fortalecer la plataforma del programa Chile Crece Contigo, para favorecer intervenciones en ésta población. En el ámbito de la prevención secundaria se plantea especializar la modalidad de atención de los programas PIE-PDC-PDE para atender a los niños y sus familias con el fin de disminuir riegos socio delictivo.

Fotografía: Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana y Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo, presentaron las conclusiones del informe a los representantes de las candidaturas presidenciales.