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Columna de Opinión: ¿Es necesaria otra agenda corta antidelicuencia?


Ana María Morales Peillard

Directora del área de Justicia y Reinserción

Fundación Paz Ciudadana

El viernes, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley como parte de una “agenda corta” de seguridad ciudadana. Si bien aún se desconocen detalles de la iniciativa, el texto apuntaría a hacerse cargo de los denominados “delitos de alta connotación social” introduciendo cambios al actual Código Penal y al Decreto Ley N° 321 que regula la libertad condicional, entre otros cuerpos legales. Así, para los robos con violencia cometidos por primerizos, el texto contempla el cumplimiento efectivo de al menos un año de cárcel. También, se endurecerían el acceso a la libertad condicional y beneficios intrapenitenciarios de los reincidentes, aumentando el tiempo mínimo de castigo para poder acceder a ellos.

Es imposible desconocer que el país enfrenta enormes desafíos en el combate a la delincuencia, lo que se ve reflejado en el aumento de los índices de victimización de acuerdo a la última medición de Fundación Paz Ciudadana-GfK Adimark. Como lo demuestran éstos datos, los mayores problemas siguen relacionándose con los delitos contra la propiedad, específicamente robos y hurtos. Esto, además, se vincula con el aún escaso aporte de nuestro sistema penitenciario en la reducción de la reincidencia delictual. Según un estudio de Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez, el 50,5% de la población privada de su libertad reincide en un plazo de tres años, cifra que aumenta a un 62,6% precisamente en las personas que cumplen penas de corta duración.

De esta “agenda corta”, llaman la atención aspectos de forma y fondo. Respecto a la forma, es preocupante que para la elaboración del proyecto no se haya considerado la opinión de expertos, siguiendo el ejemplo de otras iniciativas que actualmente trabaja el Ejecutivo. También resulta llamativo que las modificaciones propuestas no formaran parte en su origen del Plan Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2014-2018.

Respecto al fondo, resulta preocupante la inclusión de medidas  no apoyadas en la evidencia, como es la regulación de penas privativas de la libertad de corta duración en el caso de los primerizos condenados por robos violentos. Si bien dicha modificación puede parecer atractiva considerando el sentir ciudadano asociado  a la existencia de una “puerta giratoria”, lo cierto es que la misma no hará más que agravar los índices delincuenciales existentes. Esto, pues se recluirá a más condenados por períodos cortos, con los cuales no es posible que se pueda realizar un trabajo integral de reinserción, generando mayor reincidencia y retornos negativos en la victimización.

Esta lección ya ha sido aprendida por países desarrollados, los cuales no consideran medidas como las anunciadas, sino que más bien, por una parte han fortalecido los programas de prevención del delito aumentando su focalización en los grupos de riesgo, y por otro, han aumentado la supervisión y control de aquellos que son candidatos naturales para el cumplimiento de penas en la comunidad, como es el caso de los primerizos, con el apoyo del monitoreo telemático y programas intensivos.

Cabe recordar que en 2006 el gobierno de la Presidenta Bachelet ya impulsó una agenda corta antidelincuencia, que se tradujo en la ley N°20.523, cuyos resultados parecen no haber surtido el efecto esperado. Por el contrario, incidió negativamente en nuestros índices de prisionización, elevándonos al primer lugar en América Latina, y ahondando la crisis del sistema penitenciario. En esa oportunidad, los expertos quedamos a la espera de la presentación de una agenda larga, en la cual finalmente no se perseveró.

Sin embargo, durante este mandato sí podría materializarte dicha agenda, a través del trabajo que está desollando el gobierno, con la creación de un Servicio Nacional de Reinserción Social, la reforma al Servicio Nacional de Menores que incluya el diseño del uno de Responsabilidad Penal Adolescente, el fortalecimiento del Ministerio Público y la generación de una Ley de Prevención, entre otros. Esto, sin duda, debe acompañarse de mejoras en la gestión policial, la masificación del análisis criminal y el fortalecimiento de los gobiernos locales en el área, como sí lo plantea el Plan Nacional de Seguridad Pública.

NOTA: Columna de opinión publicada en el diario El Mercurio el jueves 29 de enero de 2015, Cuerpo A.-