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Columna de Opinión: Municipios y Seguridad


En las ciudades los ilícitos se concentran en territorios muy específicos. Robos, microtráfico y delitos con armas, entre otros, siguen patrones perfectamente identificables. Por su parte, la inseguridad desencadena demandas y prioridades diferentes en distintos lugares. Así, las intervenciones que se precisan deben ser consistentes con las particularidades de cada barrio, focalizadas, abordando causas, orientadas a grupos vulnerables y los factores de riesgo social y del entorno, es decir, abordando tanto la prevención como el control. Hoy, nadie duda que un mayor protagonismo de éstos en prevención sea un curso de acción recomendado y que hay más probabilidades de éxito cuando las políticas de prevención se implementan con un enfoque territorial y con el decidido compromiso de los gobiernos locales.

Avanzar en el empoderamiento de los municipios —como lo permitirá la promulgación del proyecto que modifica la Ley Orgánica de Municipios y la que rige al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para crear los Consejos Comunales de Seguridad, actualmente en segundo trámite legislativo— es decisivo, porque éstos tienen mayor sintonía con los problemas territoriales que influyen en la inseguridad.

Sin embargo, como en cualquier política pública, la concreción de los objetivos de una ley depende críticamente de los procesos de implementación que se desencadenen. En este caso, la principal dificultad es que en su gran mayoría los gobiernos locales no tienen experiencia ni mecanismos de gestión instalados en campos propios de una política pública central. Más específicamente, hay carencias y nudos críticos organizacionales por superar, que influyen en la capacidad para elaborar diagnósticos, identificar prioridades, y diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones en el marco de planes, que se deberán formular. En consecuencia, superar el actual escenario exige también, y tal como lo demuestra la experiencia internacional, promover mecanismos y herramientas de gestión apropiadas, más allá de los cambios normativos.

Para que los gobiernos locales puedan efectivamente colaborar desde sus nuevas facultades, en el horizonte se vislumbran retos especialmente complejos en relación a la gestión de información, las estrategias de coproducción y a la participación ciudadana. Por ejemplo, es decisivo mejorar el acceso y uso de información de instituciones policiales y fiscalías locales —que actualmente la generan parceladamente— sobre dónde, cómo, cuándo ocurren los delitos y qué factores generan oportunidades para los delincuentes. En este contexto, convenios con las instituciones de control, como lo han anunciado las autoridades en relación a Carabineros de Chile, son un primer y crítico paso.

También es necesario generar mecanismos de coordinación efectiva entre las instituciones —policías, SENDA, SERNAM, SERVIU, fiscalías locales, servicios de salud, asociaciones de comercio, juntas de vecinos u organizaciones barriales, entre otros—, y que la institucionalización de los consejos puedan realmente empoderarlos a la hora de observar y constatar resultados, es decir, en la rendición de cuentas de autoridades e instituciones ante lo obrado.

Para enfrentar estos y otros retos de implementación, la experiencia avala la necesidad de instalar en cada municipio o agrupación de municipios “observatorios locales del seguridad”, es decir, unidades que monitoreen tanto los problemas como las acciones que se realicen, y generen datos útiles para focalizar. Cruciales resultan la capacitación en análisis del delito y la violencia, en intervenciones que probadamente son exitosas en la erradicación de problemas, así como el uso de herramientas y técnicas para evaluar qué funciona y qué no, permitiendo una mayor rentabilidad social.

Todo esfuerzo por cambiar el escenario actual en nuestro país, que limita significativamente cómo hoy los gobiernos locales puede alinearse en la reducción de la inseguridad y hacer más en la prevención de los delitos, exige instalar una nueva filosofía de trabajo. Así, no se trata tan sólo de entregar facultades y tareas a los municipios, necesarios por cierto, sino también de instalar capacidades para una gestión basada en evidencia, por una parte, y, por otra, promover la adecuación de todos los organismos a esta nueva institucionalidad local creada para favorecer  la seguridad de la ciudadanía.

Columna de opinión del director del área de Análisis y Estudios de Fundación Paz Ciudadana, Patricio Tudela, publicada en diario El Mercurio el 10 de mayo de 2015.-