Columna “Desafíos de la Política Penitenciaria”, por Directora Ejecutiva. -->



Columna “Desafíos de la Política Penitenciaria”, por Directora Ejecutiva.


“Desafíos de la Política Penitenciaria”, se titula columna de la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, publicada hoy en Diario El Mercurio, en página A 2.

El encarcelamiento es una pieza clave de un sistema de justicia, pues cumple funciones de retribución, disuasión general y prevención especial a través de la reinserción o incapacitación.  Sin embargo, la evidencia lleva a tres conclusiones. Primero, que la celeridad o probabilidad de que se aplique una sanción es mucho más importante que la magnitud de ésta. Es más, cuando las penas son demasiado altas, el sistema eleva tanto los estándares probatorios, que finalmente se aplican poco en la práctica, disminuyendo así su efecto disuasivo real. En segundo lugar, la reclusión evita más daños sociales que los costos que implica mantener a una persona recluida, pero solo en el caso de infractores violentos o prolíficos de alto riesgo. Y, por último, la rehabilitación y la liberación progresiva al medio libre sí reducen la reincidencia, y son claves, porque tarde o temprano la gran mayoría de las personas debe insertarse en la sociedad (en Chile, 20 mil personas egresan de las cárceles cada año). En el caso de infractores juveniles, esto es todavía más relevante, pues una respuesta temprana y eficaz ante la comisión de los primeros delitos evita gran cantidad de victimización futura. 

En nuestro país, todo indica que estamos haciendo un uso excesivo de la cárcel, pues tenemos una tasa de encarcelamiento comparadamente alta (296 reclusos cada 100 mil habitantes), y un bajo uso proporcional de penas alternativas a la reclusión (alrededor de 50% de la población penal cumple penas en medio libre en Chile, mientras en países desarrollados esta cifra llega hasta el 80%) y, además, las coberturas de programas de reinserción aún alcanzan a tasas de no más del 5% de la población penal.  Todo lo anterior, sumado a problemas históricos de gestión del sistema penitenciario, obliga a poner la política penitenciaria al centro de las políticas de seguridad pública, y basarla en la evidencia empírica, para efectivamente producir mayores niveles de seguridad. 

 A este respecto, si bien subsisten diversos desafíos, el Ministerio de Justicia ha avanzado desplegando, entre otras iniciativas, mejoras en condiciones de habitabilidad básicas pero históricamente desatendidas, diseñadas antes del horrendo incendio de la cárcel de San Miguel; la racionalización del uso de la cárcel; la tramitación de una nueva ley de penas sustitutivas —proyecto en el que Paz Ciudadana trabajó desde 1997—; el ingreso del proyecto que divide el Servicio Nacional de Menores —respondiendo a un diagnóstico compartido por ya más de una década sobre la necesidad de separarlo— y de reforma al sistema procesal penal.  Además, ha instalado comisiones de trabajo con académicos y expertos para un nuevo Código Penal, para la Reforma Penitenciaria, para incluir el enfoque de género, para perfeccionar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y para avanzar más en la implementación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas —iniciativa impulsada como piloto por Paz Ciudadana en 2004—. También ha realizado estudios de evaluación de programas, adaptado instrumentos de evaluación de riesgos propios de un sistema penitenciario moderno y buscado soluciones para materializar, con el debido resguardo, el derecho a voto constitucionalmente consagrado desde 1980 para personas recluidas imputadas, o acusadas o condenadas a penas de hasta 3 años.  Así, en materia penitenciaria nos encontramos hoy como país en un “punto de quiebre” o tipping point, que influirá también en nuestra senda hacia el desarrollo: si nuestros líderes caen en la tentación del populismo penal, sólo aumentaremos el gasto en cosas que ya se sabe no funcionan: Por el contrario, si avanzamos en modernizaciones y programas basados en evidencia y en línea con tratados internacionales, tendremos más impacto por peso gastado, y lograremos hacer justicia y proteger a la sociedad —que es lo que ésta, finalmente, exige—“.