Delincuencia: No podemos darnos por vencidos -->



Delincuencia: No podemos darnos por vencidos


Preocupante resultan los crudos relatos de víctimas de delitos violentos ocurridos en las últimas semanas. No se trata de actos que ocurren sólo en el sector oriente de Santiago, sino que en todas las comunas del país. El año pasado, por ejemplo, las incautaciones de drogas y los botines del crimen organizado registraron máximos históricos, al igual que la victimización según nuestra encuesta; el homicidio aumentó 10%, y empeoraron la evaluación de autoridades y los indicadores sobre temor e inseguridad.

No podemos darnos por vencidos frente a la delincuencia. Como país, hemos duplicado la inversión en seguridad en los últimos dos gobiernos, y hoy gastamos más de 2 billones de pesos o el 6% del Presupuesto de la Nación. Hace 10 años, terminó la instalación de la reforma procesal penal, la mayor modernización del Estado de Chile en los últimos 100 años. Pero, ¿por qué sigue empeorándose entonces el cuadro de inseguridad en el país?  Es, básicamente, porque seguimos gastando más en lo mismo: reaccionando ante los delitos, tramitándolos caso a caso, —sin reconocer la organización que hay detrás en la gran mayoría de ellos—, y prevenimos y rehabilitamos poco.

Más del 60% de este gasto, sin considerar al Poder Judicial, se destina a las policías y fiscales.  Y a pocas semanas de terminar sus mandatos, tanto el fiscal nacional como el ahora ex director general de la Policía de Investigaciones han declarado públicamente que el sistema de persecución penal ha fracasado en hacer frente a los delitos contra la propiedad, que son justamente el 80% de los delitos de mayor connotación social y que nos aquejan cotidianamente. Y un representante de los fiscales ha dicho que, en la práctica, no habría tiempo para que fiscales y policías se coordinen. En el sistema de penas en tanto, imposible ha resultado, por ejemplo, instalar inhibidores de señales de celular en las cárceles, y no hay estadísticas de quebrantamiento de penas alternativas a la reclusión.

La búsqueda de soluciones incluye desde cárceles en zonas remotas, e innumerables y variopintas iniciativas legales. Pero, como en cualquier área, los resultados sólo se lograrán si, día a día, los más de 85 mil policías, fiscales, y gendarmes, llevan a cabo acciones concretas que aporten a la seguridad.  Y eso requiere, en lo puntual, hacer lo que funciona según la evidencia, y, en lo institucional, que cada persona y organismo vinculado a la seguridad pública y justicia sea responsable frente a la ciudadanía de los resultados que obtiene. El año pasado, hubo, por ejemplo, 1,8 millones de controles de identidad, en circunstancias que las policías no comparten información; tampoco hay un único y consensuado listado de prófugos, y la ciudadanía desconoce, por ejemplo, la dotación real de carabineros.

En momentos en que se ha iniciado un nuevo ciclo en las policías y el Ministerio Público, es tarea del ejecutivo y los parlamentarios trabajar con las nuevas autoridades que deben asumir y enfrentar nudos críticos en su mayoría identificados por quienes se desempeñan en el área, y llevar adelante con decisión y voluntad política una agenda que logre cambios reales. Aunque no necesariamente sea popular hoy, es lo único que nos permitirá tener un mejor futuro.

Columna de Catalina Mertz, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, publicada en diario El Mercurio el miércoles 24 de junio de 2015.