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Opinión


Editorial: Los desafíos del control telemático y las penas sustitutivas a la prisión


Los desafíos del control telemático y las penas sustitutivas a la prisión

Ana María Morales Peillard

Directora del Área de Reinserción y Justicia

Fundación Paz Ciudadana

La Ley N°20.603 de penas sustitutivas tiene como objetivo fortalecer el sistema de cumplimiento alternativo de condenas con un énfasis en la rehabilitación y reinserción. Para ello, se modificó el catálogo existente, incluyéndose en la nueva normativa los servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada intensiva, la expulsión de extranjeros, y el reemplazo de la reclusión nocturna por una parcial. Bajo esa lógica, el monitoreo telemático constituiría una de las piezas claves de la reforma.

Este sistema de control, debía encontrarse implementado en diciembre de 2013, al menos para el control de la reclusión parcial, lo que a la fecha no ha ocurrido por problemas asociados a su testeo. Sin embargo, y de acuerdo a información pública, las dificultades del monitoreo telemático ya habrían sido subsanadas y el sistema empezará a regir a fines de agosto, lo que —sin duda— es una buena noticia.

La regulación de este mecanismo, se enmarca en un esfuerzo por robustecer el sistema de cumplimiento alternativo mediante la utilización de sistemas de control tecnológicos, que sean creíbles tanto para  el sistema de justicia  como para la ciudadanía. Esto, tiene su base en la evidencia criminológica y en la experiencia recogida de países desarrollados, que han buscado fortalecer los mecanismos de sanción distintos a la cárcel.

Se ha demostrado que tratándose de penas de cortas duración, la cárcel generaría efectos más nocivos que rehabilitadores, provocando contagio entre internos y una fuerte desocialización. Sobre su efectividad, las investigaciones desarrolladas en el área tampoco han logrado demostrar que las intervenciones en centros de reclusión sean más efectivas que las realizadas mediante el cumplimiento de sanciones alternativas, donde los programas localizados en la comunidad arrojan resultados más efectivos, como por ejemplo sucede, en la reducción de la reincidencia. A lo anterior, se suman estudios de costo-eficiencia de las sanciones que han logrado develar que los programas de cumplimiento de penas alternativas pueden generan importantes retornos para el Estado.

El beneficio social obtenido al incapacitar a un infractor mediante una pena de cárcel, varía de manera importante según el delito y el perfil del sujeto, justificándose en el caso de los ofensores prolíficos o que hayan cometido delitos graves, siendo conveniente en los demás casos concebir alternativas de sanción que pueden ser igualmente gravosas para los sujetos. En definitiva, hay buenas razones que justifican el racionalizar el uso de la cárcel intensificando el uso de penas alternativas, razón por la cual en las legislaciones más avanzadas, entre dos tercios y tres cuartos de las sentencias decretadas corresponden a penas alternativas, mientras que en el caso nacional, su uso llega a poco más de la mitad del total de condenas.

La apuesta por robustecer el sistema de penas alternativas por la vía legislativa adoptada por el ejecutivo sin duda es acertada. Sin embargo, hay que aclarar que el éxito de esta reforma no sólo debe fundarse en una arquitectura legal adecuada, sino que además, que sea implementada con los recursos financieros, humanos y tecnológicos concordantes con tal desafío. En el nivel nacional, existen ejemplos paradigmáticos de reformas bien inspiradas, con una estructura normativa moderna, pero que han sido cuestionadas frente a las debilidades de su implementación. Es por ello, que resulta fundamental que el Ministerio de Justicia, acompañe y monitoree la implementación de esta ley.

Además, es necesario que en un corto plazo se transite a la generación de una institucionalidad separada, encargada de la reinserción en el medio libre, con un carácter eminentemente civil y descentralizado, que pueda hacerse cargo del cumplimiento de las sanciones alternativas. Asimismo, resulta imperativo que en la discusión sobre la creación de un nuevo Código Penal, se regulen las penas alternativas como sanciones principales, en consonancia con modernas legislaciones. Sólo bajo esa lógica —y existiendo antes un abanico de medidas confiables y modernas— será posible concretar la aspiración que la cárcel sea el último recurso sancionatorio.

N. de la R.: Esta columna fue publicada por diario El Mercurio el 14 de agosto de 2014: http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-08-14&dtB=2014-08-14&dtB=14-08-2014