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Opinión


Editorial: Los desafíos del nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública


Los desafíos del nuevo Plan Nacional de Seguridad

 

Catalina Mertz Kaiser

Directora Ejecutiva

Fundación Paz Ciudadana

 

En nuestro país, los altos índices de delitos, sobre todo aquellos en contra de la propiedad, implican que la delincuencia sea una de las principales preocupaciones de la ciudadanía desde principios de los noventa.

Esta, se compone de problemas de larga data, asociados a delincuencia frecuente y organizada en torno a oportunidades estructurales en determinados lugares —como centros cívicos, polos comerciales y nodos de transporte—, relacionados con ciertos bienes —teléfonos celulares, bicicletas, vehículos, cajeros automáticos, entre otros—, y fenómenos de violencia urbana arraigados en los barrios críticos de las principales ciudades del país, con dinámicas en parte asociadas al tráfico de drogas.

Desde el 2006, el Estado ha más que duplicado el gasto en seguridad pública (sin contar al Poder Judicial), y tal como lo advierte la ciudadanía —sólo el 2% de los encuestados por el CEP destinaría la mayor recaudación generada por la reforma tributaria a la seguridad ciudadana—, el desafío actual radica en cómo se usan esos recursos.

En síntesis, los desafíos del “sistema de seguridad”, liderado desde 2011 por el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y compuesto por un conjunto amplio y diverso de instituciones cuyo quehacer se relaciona con la prevención o el control del delito, son dos: lograr una mayor eficacia del sistema de persecución penal, y ampliar significativamente la calidad y cobertura de programas de prevención y reinserción basados en evidencia, a los cuales hoy, siendo generosos en la estimación, se destina sólo uno de cada 10 pesos.  Actualmente, se sabe que los delitos son en gran parte predecibles, y, a diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, existe un abanico de estrategias que ya han sido medidas por sus resultados.

En este contexto, el reciente lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad y Prevención de la Violencia y el Delito por parte de la Presidenta Michelle Bachelet constituye un nuevo capítulo de la costumbre emprendida desde el año 2006, y legalmente exigida desde 2011, de contar con un plan de gobierno en la materia. La fijación de metas, esta vez específicas a dos categorías de delitos de alta incidencia en la inseguridad —el robo en lugar habitado y el robo con violencia—, también es una práctica instalada hace dos administraciones, y permite alinear los esfuerzos de los organismos que componen este sistema.

El Plan es un conjunto amplio de acciones que incorpora iniciativas exitosas del gobierno pasado —tales como la Terapia Multisistémica y el Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD), ahora llamado Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros (PACIC)—, e iniciativas claves que no se alcanzaron a diseñar o implementar, como la separación del Servicio Nacional de Menores y el Banco Unificado de Datos, a las que se suman una política para la descentralización de planes y programas en comunas y barrios y varias modernizaciones importantes y muy necesarias. Entre éstas últimas destacan la creación de un Servicio de Penas y Reinserción en el Medio Libre y una Ley de Prevención.

La primera es clave para dotar de control, oferta programática y credibilidad a un sistema que necesita imperiosamente lograr racionalizar el uso de la cárcel, sanción que Chile usa en exceso y que sólo es socialmente rentable en el caso de delitos graves o hechores prolíficos.  La segunda, permitiría precisar mejor los roles que le competen a cada institución del sistema en comento, y perfeccionar los mecanismos mediantes los cuales se aseguren asignaciones presupuestarias a iniciativas eficaces en reducir el delito, logrando, por ejemplo, dar un espacio real a la prevención social del mismo. Si bien ésta se puede acoplar a las políticas sociales generales, requieren de focalizaciones más precisas y metodologías especializadas, hoy en general ausentes de las políticas sectoriales.

Como todo Plan, su implementación enfrentará diversos desafíos, pero su lanzamiento representa, sin duda, un paso adelante en el proceso de formulación de políticas públicas en un ámbito en que la ciudadanía, legítimamente, exige más y mejores resultados.

Columna publicada en diario El Mercurio el 29 de agosto de 2014: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-29&dtB=29-08-2014%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=1