Desafíos en Seguridad Pública -->



Desafíos en Seguridad Pública


Recientemente, la Presidenta Michelle Bachelet presentó al país un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia, que constituye un paso más en la generación de estrategias de políticas públicas que —desde el año 2006 en adelante— han buscado reducir los delitos en nuestro país.

Se trata de una hoja de ruta que da continuidad a iniciativas de la administración anterior, que incorpora parte importante de las promesas presentadas al país durante la campaña presidencial, que crea un esquema de descentralización más ambicioso, y que compromete al Estado en el logro de menores tasas de victimización en robos violentos y en lugar habitado.

Los desafíos del “sistema de seguridad”, liderado por ley desde 2011 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y compuesto por un conjunto de instituciones relacionadas con la prevención o el control del delito son, por una parte, lograr una mayor eficacia de nuestro sistema persecutorio; pero por otra, ampliar significativamente la calidad y cobertura de programas de prevención y reinserción basados en la evidencia.

Mientras el gasto en seguridad se ha duplicado en las últimos dos gobiernos, es en esta última área donde como país estamos al debe, puesto que sólo uno de cada 10 pesos se destina a la prevención o a programas de reinserción.  Contrario a lo que se pensaba hace algunas décadas, hoy la evidencia demuestra que no bastan coberturas universales sectoriales, sino que se requieren programas bien diseñados, implementados y focalizados en perfiles de alto riesgo delictivo.  Un nuevo servicio de reinserción para penas en el medio libre y la discusión de una ley de prevención, son por ende, fundamentales.

Por otro lado, la ocurrencia de hechos de alto impacto, como una seguidilla de atentados a la banca, el narco y microtráfico, el “robo del siglo” en el principal aeropuerto del país y la condenable colocación de un artefacto explosivo que causó lesiones a personas inocentes durante las últimas semanas, plantean desafíos estructurales que deben ser asumidos para que el sistema funcione como un todo.

La modernización de nuestro actual Sistema Nacional de Inteligencia, que se haga cargo de fenómenos terroristas, crimen organizado o narcotráfico  bajo una concepción moderna y respetuosa de las garantías constitucionales; la puesta en marcha de una Banco de Datos Unificado que permita optimizar la coordinación de fiscales, policías e instituciones colaboradoras de la justicia, no sólo con un fin persecutorio, sino que también preventivo o de antelación del delito; y la necesidad de cambios legislativos en materia penal ampliamente consensuados y transversales políticamente, son desafíos en los cuales como país también debemos avanzar.

Chile posee una reconocida robustez institucional, pero las amenazas siempre latentes, en especial las derivadas del narcotráfico y la violencia como las que lamentablemente nos aquejan, ponen de manifiesto que mantenerla y profundizarla es una tarea permanente que excede un período de gobierno. Nuestro país tiene la posibilidad histórica de construir una política pública de seguridad y justicia eficiente y eficaz para las próximas décadas, que construya sobre lo que ya se ha hecho, y que nos vuelva a posicionar como un país seguro no sólo en el nivel regional, sino que también mundial.

Nota: Esta columna de Catalina Mertz fue publicada por el diario La Tercera el jueves 25 de septiembre de 2014.-