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Expertos culminan diagnóstico para construir una estrategia nacional de seguridad pública al 2030


Cincuenta expertos nacionales culminaron la primera fase del proyecto impulsado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y Fundación Paz Ciudadana, para diseñar una Estrategia de Seguridad Pública y de Justicia para el año 2030 y que pueda ser implementada por los gobiernos como una política de Estado, independiente de su signo político.

Durante esta semana, en dependencias de la Fundación, se constituyeron módulos de diagnóstico en las áreas de justicia penal, reinserción y rehabilitación, prevención situacional, prevención social, institucionalidad y gestión de información, las que arrojaron diversas conclusiones y la detección de nudos críticos en que es necesario avanzar.

“Los expertos han planteado problemáticas y nudos en distintas materias de seguridad. Chile está lleno de datos e indicadores pero pocos de ellos son analizados en profundidad para basar decisiones que logren resultados. El desafío es hacer que las instituciones vinculadas tanto a la prevención como al control sean más eficaces y eficientes, pasando de la reacción al delito a su anticipación y prevención”, señaló la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz.

En las primeras discusiones, en donde han participado expertos de instituciones, universidades y fundaciones vinculadas al tema, se ha revisado el estado en Chile y en el mundo sobre la delincuencia, sus causas, y las políticas eficaces para reducirla.

Las conclusiones —explicó Mertz— se han enfocado en ampliar la cobertura de programas basados en evidencia, resolver las tensiones existentes en el sistema penal en relación al rol de la víctima en el proceso y considerar sistemas alternativos de resolución de conflictos.

“Los desafíos de gestión en instituciones policiales, el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería, además de la contribución que políticas de otros sectores debieran también focalizarse en la prevención del delito”, agregó la directora ejecutiva.

Terminada la fase de diagnóstico y las conclusiones rescatadas en los primeros módulos próximamente serán contrastadas con los operadores del sistema (policías, fiscales, defensores, jueces, etc.) para posteriormente proponer políticas de largo aliento a las autoridades.