Expertos debaten propuestas para mejorar el tratamiento de menores de 14 años que cometen delitos


Un ordenamiento jurídico difuso, la falta de planes de intervención especializados y la invisibilización que la propia institucionalidad hace de ellos son los principales problemas para el adecuado tratamiento de niños, niñas y jóvenes menores de 14 años que cometen delitos, según un estudio presentado esta mañana por las fundaciones Paz Ciudadana y San Carlos de Maipo.

Estos nudos críticos —según los especialistas que presentaron el informe— llevan a la imposibilidad de cortar en una edad temprana conductas delictuales, que posteriormente serán replicadas en la vida adulta, con el consiguiente impacto en la seguridad pública.

El estudio denominado “Intervenciones destinadas a la prevención de conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes no imputables penalmente” revela que el actual sistema de justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar e intervenir a menores de 14 años con conductas delictivas, lo que en la práctica, lleva a los Tribunales de Familia a mirarlos como niños vulnerados en sus derechos sin posibilidad de tratamiento efectivo para cortar carreras delictuales prolíficas.

El sistema no tiene una oferta que se haga cargo de estos niños, y no estamos hablando de si los encierro o no, sino que de la manera de reducir su reincidencia o tratar de trabajar con ellos para que no vuelvan a delinquir. Esto tiene que ver con un problema social, pero también individual, de trabajo psicológico que hay que hacer. Tenemos que ser capaces en Chile de implementar un sistema que pueda diagnosticar correctamente cuáles son los problemas que tienen y entregarles una oferta de programas adecuados”, señaló el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

La oferta pública para este grupo de niños, no es amplia. Según el estudio, la disponibilidad de programas  se circunscribe al Sename y la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero que éstos a su vez carecen de orientaciones técnicas para abordar su riesgo delictual. Anualmente, se atienden unos 2 mil niños, niñas y jóvenes menores de 14 años que han cometido actos delictuales.

Según cifras de Carabineros, durante el año 2015, un total de 65 mil 317 menores de 18 años fueron ingresados al sistema por conductas delictuales, de los cuales 19 mil (31%) corresponden a niños y niñas menores de 14 años. De este total, mil 939 (3%) corresponden a menores de 14 años inimputables por conductas delictivas.

Los nudos críticos

En el ámbito de la detección de casos que revelan la participación de niños con conductas delictuales, se revelaron nudos críticos en el registro de menores en los partes policiales de Carabineros, déficit en datos como los reingresos al sistema, sub registro en los sistemas informáticos del Poder Judicial y escaza coordinación por parte de las instituciones que terminan, por ejemplo, en la atención con ofertas programáticas distintas para un mismo niño o niña.

En el ámbito de la derivación de casos, hay retrasos de entre 3 a 6 meses para el ingreso de niños a un programa de atención, disparidad en el uso de instrumentos usados para determinar a qué programa finalmente un niño o niña será derivado, carencia de programas para los consumidores de drogas y un uso excesivo de instancias jurisdiccionales como mecanismo para la derivación.

También se registran problemas en el ingreso de casos de reincidentes de hechos delictuales conocidos en el circuito comunal, sub registro en los Tribunales de Familia y recepción de registros de muchos niños, niñas y adolescentes menores de 14 años en calidad de vulnerados en sus derechos y no como imputables por parte de la red Sename.

“Se trata de niños que están en una etapa de desarrollo y que tienen factores de exclusión social. Es una población que no tiene acceso al sistema de salud, que han abandonado el sistema escolar tempranamente, su casa, que ha sido imputados por al menos un delito.  En esta etapa del desarrollo no sólo basta levantar una oferta que funcione desde el punto de vista de la evidencia, sino que también hay que incidir los factores de exclusión social que están a la base”, señaló el gerente de San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez.

Discusión de propuestas

Tras este diagnóstico, ambas fundaciones plantearon un grupo de propuestas, que serán discutidas por un panel de expertos, para avanzar en la materia, entre las que se cuentan:

-Redefinición legal de los conceptos de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos  de aquellos que presentan conductas delictuales y que son inimputables.

-Definición de atenciones especializadas prioritarias para menores de 14 años inimputables.

-Generación de un procedimiento judicial destinado a resolver especialmente conflictos de menores de 14 años inimputables.

-Reformas legales a la Ley de Tribunales de Familia y la Ley Orgánica de Sename.

-Coordinación local y reporte en los equipos de detención temprana y los consejos comunales de seguridad pública.

-Protocolo interinstitucional para mejorar el registro y tratamiento de información sobre niños, niñas y adolescentes inimputables.

Panel de expertos que a cargo de discutir las propuestas:

Clarice da Silva de Unicef; Luis Vial de la Subsecretaría de Prevención del Delito; Macarena Cortés del Ministerio de Justicia; Teresa Fuentealba, asesora del Consejo para la Infancia, Pablo Egenau del Hogar de Cristo; Miguel Cillero de la Universidad Diego Portales, Catalina Droppelman de la Universidad Católica; Francisco Maldonado de la Universidad de Talca; Gonzalo Berríos de la Universidad de Chile; y Ricardo Pérez Luco de la Universidad de la Frontera de Temuco.

En la fotografía: el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson y el panel de expertos a cargo de discutir las propuestas.