Fiscalía, Fundación Paz Ciudadana y expertos entregan estudio de mejoramiento de la gestión. -->



Fiscalía, Fundación Paz Ciudadana y expertos entregan estudio de mejoramiento de la gestión.


El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, junto al equipo de expertos y fiscales regionales, revelaron los resultados del Estudio de Distribución de Dotación, Productividad y Mejoramiento de la Gestión del Ministerio Público, que valida la necesidad de mayores recursos solicitados en el Plan de Fortalecimiento Institucional.

El análisis se centró en la dotación requerida por los proyectos de ajuste de criminalidad compleja y menos compleja (TCMC), Unidad de Análisis, y de Atención de Usuarios, Call y Contact Center, lo que se traduce en 743 fiscales y funcionarios adicionales a las actuales 3787 personas.

La Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, señaló tras la entrega del informe que “en algún minuto, el temor era tener más fiscales para hacer más de lo mismo. Hoy la presentación que se ha hecho da cuenta que en realidad se incorporan innovaciones importantes en materia de persecución, como es el área en que trabajó específicamente la Fundación, que es la creación de unidades de análisis”.

“Estas unidades de análisis son las que permiten generar un valor agregado, especialmente en los delitos que la ciudadanía más le afecta, que son los delitos contra la propiedad cuando no hay imputado conocido y que hoy muchas veces terminan en archivos provisionales en más del 83% de los casos con imputado desconocido”, agregó Blanco.

La abogada informó que se crearán de manera gradual unidades de análisis en cada fiscalía regional, que no sólo contará con un fiscal sino que también con otros profesionales. La Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana también destacó el reforzamiento de la unidad de atención a víctimas y la gradualidad que tendrá la implementación del proyecto.

En la actividad de entrega del informe, realizada en dependencias de la Fiscalía Nacional, participaron la Directora del Área Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales; el Director de Análisis y Estudios de esa institución, Patricio Tudela; los expertos en Reforma Procesal Penal, Mauricio Duce y Cristián Hernández; el Gerente de Estudios de la Fiscalía, Sergio Lillo; y la Directora Ejecutiva Nacional (s) de la Fiscalía, Marcela Neira.

Asimismo, asistieron el Fiscal Metropolitano Oriente, Alberto Ayala; el Fiscal Regional del Maule, Mauricio Richards; el Fiscal Metropolitano Occidente (s), Emiliano Arias; el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez; el Fiscal Regional de Rancagua, Luis Toledo; el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán; el Fiscal Regional de Atacama, Héctor Mella y el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes.

Con la entrega de estos resultados, la Fiscalía Nacional cumple con la etapa comprometida con el Ejecutivo para que éste envíe durante el mes de octubre el proyecto con el que se pretende fortalecer a la institución.

“El trabajo que se realizó durante este mes con 12 fiscales regionales, las divisiones de Estudio y Víctimas, los expertos en Reforma Procesal Penal Mauricio Duce y Cristian Hernández; y la Fundación Paz Ciudadana, ratificaron lo que antes ya habían establecido ocho estudios”, resaltó el gerente de la División de Estudios, Sergio Lillo.

743 Fiscales y Funcionarios

Según el estudio, la dotación debiera incorporarse de forma gradual en no más de tres años, para así mantener los estándares de eficiencia en persecución penal exhibida por la Fiscalía desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal.

En cuanto a los proyectos de ajuste por criminalidad compleja y menos compleja (TCMC) y unidad de análisis, las conclusiones establecen que se deben destinar los recursos de fiscales y funcionarios (519). El primer año 199; el segundo 188; y el tercero 132.

Estos proyectos permitirán focalizar el trabajo de cada una de las 18 Fiscalías Regionales en la investigación y análisis de los delitos principalmente contra la propiedad y de mayor connotación pública, que representan aproximadamente el 80% de las denuncias que debe tramitar el ente persecutor.

En cuanto a los proyectos de Atención de Usuario, Call y Contact Center, el estudio establece que se deben destinar 224 fiscales y funcionarios, 165 el primer año, 30 el segundo y 29 el tercero.

Estos proyectos aumentarán de 30% a 75% la cobertura de servicios a usuarios; fortalecerán la relación con las víctimas y testigos más vulnerables (mujeres y niños), garantizando Orientación, Protección y Apoyo y establecerán un Contac y Call Center como canal de comunicación efectivo, donde todas las víctimas podrán ser atendidas.