Paz Ciudadana expone dura realidad delincuencial en el país y llama a las autoridades a avanzar con decisión en agenda larga


Un llamado a aplicar la ley vigente con todo el rigor y avanzar con decisión política en una agenda larga anti delincuencia, hizo la Fundación Paz Ciudadana al realizar esta mañana su XXIII Consejo Consultivo en Casa Piedra, actividad que contó con la presencia del recién asumido Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

A sólo horas de sufrir un sexto robo en su sede de Providencia, en donde delincuentes entraron de madrugada desvalijando oficinas, la directora ejecutiva Catalina Mertz,  dijo que si bien las estadísticas muestran una baja en la victimización por los delitos, esta sigue manteniéndose alta, sobre todo en los sectores de ingresos bajos, quienes al igual que todos los grupos han anotado un alza histórica de temor ante la ocurrencia de hechos ilícitos, especialmente de robos e intentos de robos.

“La inseguridad sigue siendo un problema grave en Chile, porque el nivel de violencia de los delincuentes es alto, porque el homicidio triplica lo que ocurre en países desarrollados y porque la ciudadanía se encuentra preocupada ante el actuar de narcotraficantes, pandillas y delincuentes prolíficos en sus hogares y en los lugares que trabaja”, dijo Catalina Mertz, colocando como ejemplo el violento asalto en una joyería del Alto Las Condes hace una semana y en donde delincuente resultó abatido por Carabineros.

Gasto en seguridad no tiene impacto

Según la economista, Chile ha duplicado su gasto en seguridad desde el 2006 en adelante —llegando a los 2,5 billones de pesos actualmente—pero que este no tiene resultados sobre la delincuencia. “Seguimos aumentando el gasto público pero sin impacto. También seguimos reaccionando ante el delito con agendas cortas que no van a contribuir a la seguridad pública”, dijo Mertz, en clara referencia al proyecto del Gobierno que hoy se encuentra en tramitación en el  Congreso Nacional.

Según la directora ejecutiva, alrededor del 80% de los delitos se concentran en lugares, personas y horarios específicos, por lo que hay que desbaratar las redes de mercados de bienes robados con una actitud proactiva de las instituciones a cargo de la persecución criminal. “El patrullaje aleatorio, el encarcelamiento de infractores de bajo riesgo y las intervenciones del Estado sin sustento y evaluación de resultados no funcionan o bien generan daño”, agregó.

Actualmente —develó Mertz— “las policías no comparten información, no existe una base única de prófugos ni de estadísticas de quebrantamiento, el 80% de los robos y hurtos terminan en archivo provisional y ni siquiera hay inhibidores de celulares en las cárceles”, al recordar los problemas y nudos operativos que no han podido enfrentar las instituciones. Todo eso —explicó— finalmente repercute en la opinión de la ciudadanía que sistemáticamente mal evalúa a todos los entes vinculados a la seguridad pública, justicia, lo que incluye a autoridades y parlamentarios.

Es tiempo de hacer valer la ley

Según la experta, Chile debe enfrentar con decisión política una “agenda larga anti delincuencia” que incluya, reformas al Código Penal, la creación de un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente y uno de Reinserción en el Medio Libre; una institucionalidad para el control de medidas cautelares y condenas, la modernización absoluta de Gendarmería, una ley de ejecución de penas, un sistema nacional de prevención del delito, y la urgente modernización de las instituciones policiales.

Mientras se avanza en estas reformas, dijo Mertz, “hay que hacer valer la ley”, ya que explicó, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están desplegando las instituciones a cargo de la persecución criminal en terreno, qué metas se han propuesto y qué resultados se obtienen, señalando que el problema ya no es de recursos, ni de una legislación deficiente, sino que es de gestión y trabajo conjunto.