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Paz Ciudadana pone su mirada en mejorar salidas alternativas a la reclusión


El sistema penitenciario chileno, con cárceles hacinadas, con déficit en los programas de rehabilitación y reinserción y con escaso control y fiscalización de los beneficiosextracarcelarios o las medidas cautelares, es para la nueva directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, “la causa de muchos males que estamos viviendo en materia de seguridad”.

Por ello, reveló que la gran apuesta hoy del centro de estudios en materia de seguridad ciudadana es participar activamente en la generación de una institucionalidad que ponga en marcha un sistema alternativo de sanciones que sea eficiente y que además tenga una real oferta rehabilitadora.

El tema ha sido planteado ya en la esfera de la comisión que busca reformar el sistema penitenciario y que coordina el Ministerio de Justicia. Esta institucionalidad, señaló, “no puede ser Gendarmería, porque Gendarmería siempre va a estar subsumida en el concepto de la cárcel”.

Javiera Blanco dijo que hoy los problemas de fiscalización y control de las sanciones en el medio libre han llevado a la gente a pensar que no hay una respuesta penal sin cárcel. “Por ejemplo -dijo-, la relación entre el delegado que supervisa a quien obtiene una libertad condicional debería ser de uno por cada treinta condenados, pero es de uno por cada sesenta; el 38% de las reclusiones nocturnas se cumple en centros carcelarios, con un contagio criminógeno atroz; el 20% de las personas sometidas a remisión condicional deben firmar en una cárcel, cuando se supone que todas estas medidas debieran estar fuera del ámbito carcelario”.

Señaló la directora ejecutiva de Paz Ciudadana que cuando se logre construir un sistema adecuado de cumplimiento de penas en el medio libre, la gente va a entender que es eficiente invertir en salidas alternativas y que no todo debe llegar a la cárcel, solución que es cara e ineficaz.

Otro de los sellos que pretende imponer en su gestión es acompañar la discusión legislativa de los proyectos de seguridad, aprovechando el bagaje y posicionamiento que tiene la Fundación.