Paz Ciudadana y el BID proponen avanzar en una agenda de 13 reformas para mejorar la seguridad pública en el país


La Fundación Paz Ciudadana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregaron esta mañana una agenda de 13 propuestas para mejorar la seguridad pública en el país, en un Seminario que fue inaugurado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos.

La agenda —impulsada por las instituciones organizadoras— fue trabajada por más de 50 expertos y operadores del sistema (ex autoridades, fiscales, defensores, abogados, académicos, investigadores, etc.) durante dos años, en donde se trazaron reformas en cuatro área claves: la creación de nuevas instituciones, la modernización de policías y Gendarmería, cambios legales urgentes   y una mayor intersectorialidad de servicios públicos.

Las propuestas, fueron expuestas por la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz y comentadas por los expertos internacionales Irvin Waller y Alberto Binder y un panel de autoridades integrado por la ex senadora, Soledad Alvear; los senadores en ejercicio, Alberto Espina y Felipe Harboe; la ex ministra de Justicia, Patricia Pérez, y el ex fiscal regional metropolitano oriente, Xavier Armendáriz.

En la ceremonia de inauguración el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos (en la fotografía) señaló que “Tenemos claro cuál es una de las mayores preocupaciones de nuestros compatriotas y estamos trabajando arduamente para que esa preocupación, la inseguridad, disminuya. Sin embargo, qué duda cabe, que este trabajo debe ser complementado con acciones que se proyecten a largo plazo, independientemente del gobierno que esté en ese momento. En este sentido, el documento que hoy se presenta, incluye la participación de múltiples expertos, funcionarios y actores sociales. Es un ejercicio que agradezco de cual el gobierno está tomando nota con mucha responsabilidad”.

Las propuestas, a juicio de Paz Ciudadana y el BID, deben ser continuadoras de la Reforma Procesal Penal y de la ley 18.216 de Penas Sustitutivas a las Penas Privativas de Libertad, y van desde la definitiva modernización del Código Penal, hasta la creación de un sistema nacional de prevención del delito.

LA AGENDA DE 13 PROPUESTAS:

CREACIÓN DE INSTITUCIONES

Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente

El nuevo servicio estará integrado al Sistema de Alta Dirección Pública, contemplará mecanismos de gestión modernos que aseguren la especialización de sus funcionarios, la instalación de oferta programática de calidad y basada en evidencia, y el monitoreo y evaluación pública y periódica de todos los servicios y programas, incluyendo la publicación periódica de estadísticas de cobertura, resultado, y reincidencia por programa y unidad que implementa.

Servicio Nacional de Reinserción Social

Se creará un servicio público especializado en reinserción social, con capacidad profesional y técnica para el control y la implementación de programas basados en evidencia, que se ajusten a los perfiles y necesidades criminogénicas específicas de la población atendida, que cuenten con adecuados criterios de focalización, que coordinen acciones tanto en el medio intra como extra muro, y que consideren sistemas de evaluación que permitan estimar rigurosamente los resultados alcanzados.

Tribunales de Ejecución de Penas y Ley de Ejecución de Penas

Las decisiones tomadas por el sistema penitenciario sobre beneficios intrapenitenciarios, cambios de régimen de cumplimiento de condena, sanciones y traslados, hoy no son supervisadas. Se creará un órgano judicial especializado para estas materias, tanto para resguardar los derechos de los condenados como para proteger a la comunidad.

REFORMAS LEGALES CLAVES

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Se reformará la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y el Código Orgánico de Tribunales para crear o asignar, según la carga de trabajo, tribunales especializados y jueces exclusivos o preferentes para causas con imputados menores de 18 años. Además, se establecerá que estos jueces cuenten con un consejero técnico que los asesore en la determinación de la sanción, sobre la base de toda la información que el tribunal debe contar de acuerdo a lo mandatado por la Ley 20.084, y se reestructurará el régimen de sanciones, unificando su imposición y se sustituirán sanciones como la internación en régimen semi-cerrado, por otras que cuenten con mayor evidencia de efectividad.

Nuevo Código Penal

El actual Código Penal data de 1874, y ha sufrido innumerables reformas que hacen de él un cuerpo inorgánico, que otorga amplios rangos de discrecionalidad al determinar las sanciones a los jueces, entre otras falencias. Debido a que constituye la piedra angular del funcionamiento del sistema penal chileno, se creará un nuevo Código Penal, que se encuentre en sintonía con la sociedad chilena actual, que no sólo persiga la actualización del catálogo de delitos, facilitando la persecución penal de fenómenos criminales propios de la sociedad de hoy, tales como los delitos económicos, contra el medio ambiente o informáticos; sino que además contemple un nuevo catálogo de penas, que ponga a disposición de los magistrados una gama de respuestas penales orientadas a reducir la reincidencia de aquellos a quienes se imponga.

Funciones preventivas de las policías y su interacción con el Ministerio Público

Hoy, solamente el Art. 85 del Código Procesal Penal regula actuaciones de la policía de orden preventivo, en contexto de facultades más amplias de persecución penal de un delito, pero no hay normativa comprehensiva sobre las funciones preventivas de las policías, ni  su interacción con el Ministerio Público. Ambas materias serán reguladas expresamente.

Tribunales de Tratamiento de Drogas

El primer piloto de Tribunales de Tratamiento de Drogas, que suspende la pena de cárcel para primerizos con consumo problemático de drogas a cambio de un tratamiento judicialmente supervisado, se instaló hace más de 12 años, pero la cobertura actual no supera los 400 beneficiarios al año. Los detenidos presentan tasas de consumo de drogas ampliamente superiores a la población general, y abordar su adicción es un factor clave para reducir su reincidencia. Se legislará para permitir que imputados con perfiles de riesgo más alto puedan acceder a este programa.

MODERNIZACIÓN DE INSTITUCIONES

Modernización de Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile desarrollará un Plan Estratégico Institucional a 10 años, que se actualizará cada 4, para instalar prácticas de gestión de recursos y de la población a la que atiende, con objetivos y plazos específicos, y los recursos necesarios para lograrlos.  Cada cuatro años, el Ministerio de Justicia evacuará, con el apoyo de una comisión de expertos externa, un informe sobre el diagnóstico de la situación penitenciaria, el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, y sugerencias para la actualización de dicho plan.

Modernización policial

De igual forma, cada policía desarrollará un Plan Estratégico Institucional a 10 años, que se renovará cada 4 años, para instalar prácticas de gestión de recursos y de los servicios que brindan con objetivos y plazos específicos, y los recursos necesarios para lograrlos.   En particular, se formularán estrategias institucionales que expliciten con qué iniciativas se mejorará la capacidad de las policías de investigar delitos y aportar los antecedentes necesarios para mejorar la tasa de formalizaciones en relación a los detenidos, por una parte, y las estrategias operativas y de gestión o de apoyo a éstas, que permitan un desempeño anticipatorio y preventivo a los patrones delictivos que se manifiestan en cada territorio.

Cada cuatro años, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública evacuará, con el apoyo de una comisión de expertos externa, un informe sobre el diagnóstico de las policías y su quehacer, el nivel de cumplimiento de los planes estratégicos institucionales, y sugerencias para la actualización de dicho plan.

Modernización del Ministerio Público

La implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público aprobado en 2015 implica la instalación gradual, en un plazo de tres años, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, y obliga a la institución a publicar en el mes de abril de cada año un Plan Institucional Anual que contenga entre otros aspectos los objetivos estratégicos y los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región.

El cumplimiento formal de esta obligación no asegura, sin embargo, que la naturaleza de los objetivos que se tracen tenga en efecto estrecha vinculación con el aporte de la institución a la reducción de problemas delictivos específicos en cada región, por una parte, ni que la institución desarrolle o perfeccione los procesos, capacidades y sistemas de control de gestión requeridos para hacer máximo dicho aporte, por otra. En este contexto, se perfeccionará la Ley 20.240 de 2008 que regula el Convenio de Desempeño Institucional del Ministerio Público con el Ministerio de Hacienda, y que establece una asignación por desempeño que se concede a los funcionarios en relación a un Compromiso de Gestión Institucional, precisando la naturaleza de las metas e indicadores y procurando una adecuada alineación entre éstos y el sistema de calificaciones.

INTERSECTORIALIDAD EFECTIVA

La ley 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, le asigna como funciones la coordinación y evaluación de la oferta de los demás ministerios en materia de prevención del delito, debiendo incluso visar los programas, pero se carece de mecanismos de gestión pública concretos para poder ejercer tales atribuciones.

Monitoreo del sistema procesal penal

Sobre la base del Banco Unificado de Datos, la Subsecretaría de Prevención del Delito publicará, anualmente, un informe sobre el funcionamiento del sistema procesal penal.

Creación de un Sistema de Prevención Social del Delito

Se creará por ley un Comité Intersectorial de prevención social del delito, en el que participarán a lo menos los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Mujer. Éste establecerá un sistema de información, y de monitoreo y evaluación de programas tanto generales como especializados, focalizados en prevención social del delito y la violencia. Además, diseñará e implementará un Plan para crear y lograr coberturas necesarias de programas basados en evidencia para jóvenes con altos niveles de riesgo delictivo o pertenecientes a pandillas, jóvenes y adultos que se encuentran o han cumplido una condena, y personas vulnerables a ser víctima de actos de violencia en al ámbito escolar y familiar. La Subsecretaría de Prevención del Delito será la Secretaría Ejecutiva de dicha Comisión.

La Subsecretaría de Prevención del Delito creará un Banco de Programas con evidencia de resultados, y, paulatinamente, impacto. Además, diseñará los mecanismos mediante los cuales el financiamiento de programas de prevención por parte del gobierno central, a ser ejecutados en el territorio por municipios u otras organizaciones, esté condicionado al cumplimiento de estándares tanto en su diseño programático o en su contenido, como en la calidad de su implementación.

Gestión urbana para mayor seguridad

Los distintos instrumentos de planificación urbana deberán introducir criterios de seguridad pública. Específicamente, se modificarán en este sentido la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en materias de regulación urbana y política habitacional, y se crearán exigencias legales para que la prevención del delito mediante el diseño ambiental se incorpore en todos los niveles de la regulación urbana. Además, se incluirá la exigencia de estudios de impacto en seguridad de grandes obras.