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Paz Ciudadana y El Mercurio reúnen a impulsores de la Nueva Justicia Penal


Reconociendo la contribución de Fundación Paz Ciudadana para concretar la aplicación en el país de la Reforma Procesal Penal, se reunieron esta mañana quienes hicieron posible hace diez años una de las más importantes transformaciones de la justicia en Chile.

En dependencias de El Mercurio, se realizó el encuentro en el que participaron la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco; la jefa del área Justicia y Reinserción de la institución, Ana María Morales; el editor de El Mercurio, Ricardo Muga; la Senadora y ex Ministra de Justicia, Soledad Alvear; el director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Rafael Blanco; el abogado Raúl Tavolari; el rector de la Universidad de Los Andes, Orlando Poblete; el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales,  Juan Enrique Vargas, y el director ejecutivo de CEJA Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Cristian Riego.

Hace diez años, la ex Ministra Soledad Alvear fue la encargada de “generar unatransversalidad política en torno a la reforma”. Por su parte, el abogado Raúl Tavolarifue asesor de dicha cartera, encargado de interactuar con Fundación Paz Ciudadana, la Corporación de Promoción Universitaria y la Universidad Diego Portales.

Por su parte, Orlando Poblete, actual rector de la Universidad de Los Andes, fue asesor legislativo de dicha cartera.

Juan Enrique Vargas, actual decano Escuela Derecho Universidad Diego Portales, participó como director del área Justicia de la Corporación de Promoción Universitaria, que junto a Paz Ciudadana y el Ministerio de Justicia condujeron el proceso.

Cristian Riego, actual director ejecutivo de CEJA Centro de Estudios de Justicia de las Américas asumió como director del equipo que redactó los proyectos de ley, el Código Penal y del Ministerio Público.

El director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Alberto Hurtado, Rafael Blanco, fue el coordinador nacional de la Unidad Coordinadora de la reforma procesal penal que se instaló en el Ministerio de Justicia.

En una conversación que se extendió por más de dos horas, los abogados revisaron las fortalezas y desafíos de la Reforma Procesal Penal a 10 años de su puesta en marcha en el país.

Fortalezas:

La ex Ministra de Justicia, Soledad Alvear, destacó la asociación público privada, el rol que jugó Fundación Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción Universitaria y la formación de equipos interdisciplinarios y transversales para llevar adelante la reforma la justicia.

“La gran enseñanza que nos deja es cómo hacer una política de Estado en el cual la comunidad jurídica, organismos públicos y privados podemos fijarnos objetivos estratégicos de llevarlo adelante”, agregó.

Por su parte, el entonces asesor jurídico del Ministerio de Justicia, Orlando Poblete, destacó la vigencia de las garantías procesales, la vigencia de los derechos y los altos estándares del sistema de defensa.

“Chile tiene hoy un proceso penal en serio, en forma y eso es fruto de la Reforma”, señaló.

Rafael Blanco, en tanto, destacó la instalación de la oralidad y las audiencias como mecanismos de control recíproco entre los actores, la generación de altos niveles de transparencia, la disminución de los tiempos de respuesta del sistema y la mayor profesionalización de los cuerpos policiales.

Para Raúl Tavolari, la Reforma Procesal Penal dejó una impronta para cualquier otra reforma.

Juan Enrique Varas y Cristian Riego coincidieron en calificar a la nueva justicia como una “Reforma modernizadora”.

Para la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, la Reforma Procesal Penal es un ejemplo de cómo construir una política pública de buena manera, donde existió liderazgo técnico-político; contundencia de los datos y transversalidad.

Desafíos:

La actual senadora Soledad Alvear propuso fortalecer la nueva Justicia a través de la creación por ley de una unidad coordinadora que reúna y coordine a los actores a nivel nacional y regional. Asimismo, llamó a abordar en serio la Reforma a la Justicia Penal Adolescente y la modernización del Código Penal. Urgió por una reforma sustantiva al sistema penitenciario y el establecimiento de medidas alternativas a la reclusión.

A juicio del abogado Rafael Blanco se requiere generar un acuerdo político sobre variables técnicas como en la creación de jueces de control y los defensores penitenciarios.

Por su parte, la directora de Paz Ciudadana, se preguntó cómo permear el discurso ciudadano y llamó a los actores del sistema a generar una respuesta con mayor valor agregado, más allá de la clásica mirada burocrática de `despachar` caso a caso e incorporar conceptos como el análisis criminal.

Raúl Tavolari alertó sobre la situación de los abogados y la necesidad de contar con una mejor disposición de los fiscales.

Orlando Poblete llamó a la responsabilidad del mundo político para legislar materia de seguridad.

El decano de Derecho de la Universidad Diego Portales señaló que debemos ponernos metas más complejas y ambiciosas y avanzar en la calidad de las decisiones que adoptan los fiscales en cada caso.

Ante la deslegitimización del sistema de justicia, Cristian Riego dijo que “los organismos del sistema deberían tener un rol más educativo, tendrían que explicar mejor los valores y los conceptos sobre la base en que funciona el sistema”. Pidió a los fiscales hacerse cargo también de los casos complejos y alertó sobre la distribución de competencias entre Ministerio Público y policías.

Víctimas:

En materia de víctimas, la senadora Alvear recordó la frustración de éstas ante por ejemplo, los delitos de drogas.

Para Rafael Blanco sería “un grave error crear un servicio público pues creará burocracia y expectativas falsas en las víctimas de delitos. Pero sí el Ministerio Público debe instalar un sistema de atención más sofisticado”. Vargas agregó que “el sistema todavía está al debe” con este grupo y que según  estudios, la idea de un abogado querellante para las víctimas no mejora su situación.

Deslegitimación del sistema por parte de la ciudadanía:

En el desayuno, Cristian Riego alertó respecto a la deslegitimación de la nueva justicia en que – a su juicio- “se ha producido una distancia en la percepción de éxito del ciudadano común, que ve que el sistema funciona mal, que comete errores y que es blando con los delincuentes”.

Vargas coincidió con Riego y afirmó que el sistema de persecución tiene un rol en el combate a la delincuencia donde el Ministerio Público debe hacer una contribución importante al igual que las policías.