Paz Ciudadana y encuesta CEP: “Necesitamos la decisión política de avanzar en una agenda larga para enfrentar la delincuencia”.


La necesidad de emprender con decisión reformas estructurales para enfrentar la delincuencia y hacerse cargo de nudos operativos en gestión y coordinación de las instituciones, son la tareas pendientes que deben enfrentar las autoridades para mejorar la valoración que realiza la ciudadanía en la materia.

Así lo señaló la Fundación Paz Ciudadana, al conocerse esta mañana los resultados de la encuesta de diciembre del Centro de Estudios Públicos (CEP), y que arrojó que la delincuencia debe ser la principal prioridad del gobierno, según los consultados por la medición.

“En Chile hemos más que duplicado el gasto público en seguridad durante los últimos 10 años, pero esto ha sido ineficaz. Necesitamos la decisión política de avanzar en una agenda larga para enfrentar la delincuencia, y eso implica, abordar reformas estructurales pendientes y mejorar sustancialmente la gestión y coordinación de acciones que desarrollan las instituciones encargadas de la persecución, control y tratamiento del delito”, señaló Catalina Mertz, directora ejecutiva de la Fundación.

Según la economista, el gasto en seguridad alcanza el 6% del presupuesto de la Nación, pero no hay mejoras sustantivas, por lo que se requiere —explicó— emprender ahora reformas como la división del Servicio Nacional de Menores, la creación de un Servicio Nacional de Reinserción en el Medio Libre y la actualización del Código Penal, entre otros, de los cuales ninguno está en la agenda pública. “La agenda corta actualmente en el Congreso es una respuesta  simplista,  de alto costo, y que no tendrá impacto porque el 80% de los delitos contra la propiedad nunca llegan ante un juez”, dijo.

En el ámbito operativo, Mertz recordó que está pendiente la puesta en marcha del Banco Unificado de Datos (BUD), el desarrollo de políticas para hacerse cargo de delincuentes prolíficos, estadísticas de quebrantamiento y que se sigue tramitando caso a caso, sin hacer uso masivo del análisis criminal. “Las instituciones del sistema de justicia y las policías deben trabajar con objetivos comunes y coordinados, cosa que hasta aquí no se ha hecho. Eso la ciudadanía lo percibe”, señaló.