Primer informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria constituido en junio de 2009, en el cual se entregan las primeras conclusiones en la materia, proponiendo la racionalización en el uso de la privación de libertad a través del fortalecimiento de medidas cautelares y controles como el uso del monitoreo electrónico, la creación de un servicio de reinserción social y fiscalización de la ejecución de la pena.

Participaron en esta instancia impulsada por el Ministerio de Justicia, instituciones como FLACSO-Chile, Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Gendarmería y el Poder Judicial, a través de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.